Incapacidad temporal y la nueva Ley de Mutuas

La Seguridad Social se ahorrará 511,36 millones de euros en las prestaciones por incapacidad temporal (IT) gracias a la nueva Ley de Mutuas. El anteproyecto de esta ley ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.

Con la Ley de Mutuas, estas entidades se involucrarán directamente en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes desde el primer día de baja laboral, siendo más elevado el gasto en servicio pero menor las pérdidas de días de trabajo. Lo que se busca es reducir el absentismo laboral que no está justificado. De esta manera, la mutua podrá formular una propuesta de alta médica motivada.

Se estima que, con la reforma, las mutuas podrán decidir sobre el final de la baja médica siempre que la sanidad pública no responda a la propuesta de alta en cinco días. Con ello, los órganos de gestión interna de las mutuas también cambiarán con retribuciones equiparadas al sector público. El ahorro anual previsto será de 25 millones de euros.

Además las actuales mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se llamarán mutuas de la Seguridad Social, y podrán deshacerse de sus sociedades de prevención antes de final de este año. Hay que recordar que estas sociedades tienen deudas de 40 millones de euros con la Seguridad Social.

Anteproyecto de la Ley de Mutuas de la Seguridad Social

La aprobación del anteproyecto de la Ley de Mutuas de la Seguridad Social supone un paso más en la gestión de las mutua para garantizar más transparencia en sus acciones. Uno de sus objetivos es hacer un seguimiento más exhaustivo de la incapacidad temporal de los trabajadores. La mutua podrá extinguir el derecho de alta del trabajador y también lo notificará al trabajador y empresa.

Hasta el momento, las mutuas decidían las altas laborales de los trabajadores siempre englobadas en criterios de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero con la ley, los accidentes no laborales también podrán tratarse y otorgar altas si los médicos no responden en cinco días.

El anteproyecto de Ley debe enviarse ahora a los agentes sociales que estudiarán la propuesta y darán aportaciones al respecto.